En un esfuerzo por abordar la creciente preocupación por los «funerales de alto riesgo», el Senado chileno ha impulsado un proyecto de ley que busca regular estos eventos, que han estado vinculados a situaciones de violencia y desorden público. Entre mayo de 2019 y mayo de 2020, se registraron 1,736 funerales de este tipo, lo que ha llevado a un despliegue significativo de recursos policiales para mantener el orden durante estas ceremonias. Este artículo analiza las disposiciones del proyecto y su impacto en la industria funeraria y la sociedad chilena.
Claves del Proyecto de Ley
- Plazo de Inhumación: La nueva normativa establece un plazo máximo de 24 horas para el entierro desde que el Servicio Médico Legal entrega el cuerpo. Esto busca evitar la acumulación de tensiones y conflictos que pueden surgir con ceremonias prolongadas.
- Restricción del Lugar de Ceremonia: La ley especifica que las ceremonias fúnebres deben llevarse a cabo exclusivamente en los cementerios o crematorios donde se realizará la inhumación. Esto limita las concentraciones masivas de personas en otros lugares, lo que puede conducir a desorden público.
- Aumento de Penas y Multas: El proyecto incrementa las penas para los delitos cometidos durante los funerales de alto riesgo. Las multas se ajustan entre 10 y 20 UTM, lo que busca desincentivar comportamientos delictivos y violentos en estos contextos.
- Clasificación de Riesgo: Un delegado presidencial regional será responsable de determinar el nivel de riesgo asociado a cada funeral. En caso de que se califique como de alto o extremo riesgo, se ordenará que la inhumación se realice dentro del límite establecido de 24 horas.
- Definición de Recorridos: Las fuerzas policiales tendrán la autoridad para establecer las rutas que seguirán los cortejos fúnebres, asegurando que el traslado se realice de manera ordenada y segura, minimizando así la posibilidad de alteraciones del orden público.
Impacto en la Industria y la Sociedad
La regulación de funerales de alto riesgo representa un avance significativo para la industria funeraria en Chile. Por un lado, establece un marco claro para la operación de funerarias y otros servicios relacionados, promoviendo prácticas más seguras y responsables. Esto puede contribuir a la profesionalización del sector, fomentando la confianza de las familias en los servicios formales.
Desde la perspectiva social, la implementación de estas regulaciones busca restablecer el orden en momentos de duelo, que deberían ser solemnemente recordados y respetados. La posibilidad de contar con un entorno más seguro durante los funerales permite a las familias enfocarse en el proceso de despedida, en lugar de preocuparse por posibles altercados o desórdenes. Además, estas medidas podrían contribuir a la disminución de la violencia asociada a funerales, que, según algunos expertos, han servido como eventos de reagrupamiento para bandas criminales.
El proyecto de ley no solo responde a una necesidad urgente de seguridad, sino que también alinea a Chile con estándares internacionales en la regulación de servicios funerarios. Esto puede facilitar el desarrollo de un sector funerario más robusto y ético, que prioriza el bienestar de las familias en duelo y la dignidad de los fallecidos.
Con la aprobación de esta normativa, se espera que se minimicen las dificultades de orden público durante los funerales, estableciendo un modelo que pueda ser replicado en otras regiones afectadas por problemas similares. En un contexto donde el respeto y la dignidad son fundamentales, estas medidas representan un paso adelante hacia una cultura de paz y respeto, incluso en los momentos más difíciles de la vida.
