En 1961, el geógrafo francés Jean Gottmann, al estudiar el fenómeno conurbado de New York, acuñó el concepto de Megalópolis, para referirse a concentraciones urbanas compuestas por la confluencia de más de una área metropolitana, y que alcancen más de 10 millones de habitantes. Otros investigadores agregaron el término de Megaciudad (o Metaciudad) para aquellas que tienen 20 o más millones de habitantes. Respecto a éstas, la más grande es la de Tokio, que incluye a las áreas metropolitanas de Yokohama y de Wawasaki. Esta mega ciudad japonesa alberga entre 30 y 34 millones de personas. Le sigue en magnitud, la de Nueva York – Nueva Jersey – Connecticut – Pensilvania con alrededor de 23 millones de habitantes y en tercer lugar la Cd. de México (conurbada con localidades de los municipios de los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro), con 22.5 millones de habitantes.
Se prevé que para el año 2030, las megalópolis o megaciudades, serán la forma dominante de los asentamientos humanos en un mundo donde más del 80% de la población será urbana. Ciudades enormes, con enormes problemas, teóricamente manejables desde el conocimiento científico y tecnológico disponible; pero prácticamente irresolubles si no se realizan oportunamente cambios radicales al rígido y burocrático marco jurídico, político, económico y social, de la actualidad.
Uno de esos problemas críticos y especialmente crucial para la industria funeraria, es el de la necesidad de suficientes espacios (cementerios, tumbas, crematorios, cinerarios) para las personas que fallecen.
Los complejos retos que las masivas necesidades de las megalópolis, plantean para los gobiernos y para la sociedad, no son solo por el alto volumen de su población, sino además por su excesiva concentración en urbes, que pese a los extensos territorios que ocupan, siempre quedan rebasadas por la demanda ilimitada de recursos naturales (agua, aire y suelo).
Las necesidades comunes de ciudades de mediana o gran magnitud, tales como vivienda, vialidad, servicios públicos, empleo, planteles educativos, servicios sanitarios, zonas verdes y espacios para cementerios, entre otras, son relativamente fáciles de identificar, medir y satisfacer. Pero tratándose de megaciudades, tales necesidades adquieren una complejidad y un peso que se convierten en la mayor amenaza para la viabilidad y sobrevivencia de la ciudad.
Precisamente para revisar, analizar, debatir y hacer propuestas de solución a los problemas de la megalópolis de la zona conurbada (llamada Zona Metropolitana del Valle de México) que conforma la Ciudad de México (16 Delegaciones) y 18 municipios colindantes del Estado de México, se realizó los días 25 y 26 de Julio pasado el II Coloquio Internacional Las paradojas de la Megalópolis, bajo el lema “Gobernar el aire, el agua y el territorio”.
Este evento organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, identificó y presento diagnósticos sobre algunos de los problemas más críticos de la megalópolis mexicana: los asentamientos humanos (vivienda y centros laborales), la movilidad de la población (transporte) y la calidad y disponibilidad de agua.
Pese al alto nivel científico y técnico de los especialistas que presentaron sus análisis y propuestas, quedo claro que los problemas actuales y sobre todo los futuros requieren de políticas públicas que cambien radicalmente la inercia del desarrollo desordenado e irracional de la megalópolis. También fue evidente que actualmente, aún no se cuenta actualmente con medidas que garanticen la solución definitiva de alguno de los problemas analizados. De manera que los programas y estrategias vigentes solo están posponiendo por un tiempo la gran crisis global de la megalópolis pero no garantizan una solución definitiva. Como ejemplo, están las obras de drenaje profundo, que no ha evitado que continúen las inundaciones; los segundos pisos de períféricos, que no han acabado con el caos vial; las diversas modalidades del programa de “hoy no circula”, que no han detenido la emergencia de contingencias ambientales, entre otras estrategias de corto e insuficiente impacto para la magnitud de los retos.
Uno de los problemas que no fue suficientemente abordado fue el del creciente déficit de espacio para la inhumación de las personas que fallecen. Ya desde hace por lo menos diez años fue señalada la crisis de tumbas en la Ciudad de México. Y es que pese a los grandes cementerios de la ciudad, como el Panteón Civil (el más antiguo y grande de América latina, que alberga además la Rotonda de Hombres Ilustres), el cual tiene 200 hectáreas con 350 mil fosas, sencillamente ya fueron rebasados en su capacidad.
La asambleísta Polimnia Sierra señaló en 2014 que tan solo en la capital del país (con 9 millones de habitantes) se estimaba ocurrían hasta 30 mil inhumaciones al año para las que, los espacios disponibles en los 119 cementerios (83 vecinales, 14 delegacionales, 2 históricos y 5 generales) había solo 70 mil. Según INEGI, en el año 2016, en la Cd. de México, ocurrieron 58 216 defunciones, pero solo hay disponibles 54,747 fosas, por lo tanto el déficit es de 3 480 tumbas.
«Además de la falta de espacios para cementerios adicionales la legislación y la normatividad vigente dificultan cumplir con los requisitos de uso de suelo y eleva los costos de los terrenos disponibles» – Leonardo Villafaña, Urbanista
Otro factor adicional que grava esta escasez de tumbas, es que desde los años 70’s, se dejaron de otorgar títulos de perpetuidad, pues cambió el régimen jurídico por la expedición de la Ley de Régimen Patrimonial y Servicio Público, la cual determinó que estos lugares son considerados bienes públicos y que solo se pueden vender temporalidades, renovables por 3 ocasiones hasta un máximo de 21 años. Así es que una vez regularizados esos títulos se alcanzó en 2012 la cifra de poco más de 1 millón de fosas a perpetuidad. El resultado es que hay menos fosas para la incidencia de fallecidos.
Los habitantes de la capital tienen que exhumar los restos de sus difuntos hasta que expira el derecho de sepultura y de lugar para otros cuerpos. Sin embargo, la cultura tradicional de México no es compatible con la reutilización de tumbas.
En el año 2013, Claudia Luengas Escudero, directora general Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica del Distrito Federal afirmó que las tarifas que rigen los panteones públicos son de $55.00 y $110.00 pesos para inhumación y de $581.00 pesos y $1,000.00 para una cremación. En los concesionados la inhumación va de 2,000 a 3,500 pesos y la cremación de 1,500 a 3,500 pesos. Es en los velatorios y en el ataúd, donde no hay tarifas establecidas para un control de precios pues están sujetos a la dinámica mercantil no sujeta a la supervisión de la autoridad.
Una dificultad agregada, es la resistencia de los ciudadanos para aceptar la instalación de cementerios cercanos a sus comunidades.
La escasez de tumbas en la capital del país ha determinado que se recurra a cementerios ubicados en los municipios conurbados de la ciudad de México, pertenecientes a las entidades federativas aledañas, fundamentalmente del Estado de México.
Sin embargo, la ley de cementerios que fomenta esta alternativa ha generado inconformidad de los habitantes de las zonas perimetrales y más rurales. Tanto por cuestiones culturales como por ver que su territorio es ocupado por cuerpos de personas ajenas a sus localidades.
Otra consecuencia de la escasez y alto costo de cementerios y tumbas, es que se incrementa la demanda de cremaciones. De cada 10 cuerpos, 6 se incineran y 4 se inhuman. En el año 2012 se registraron un total de 13,972 inhumaciones y 12,130 cremaciones.
Pero ante el crecimiento de la demanda de cremación, los crematorios se están viendo también rebasados, pues las concesiones para los crematorios son insuficientes.
En 2014 la ALDF, para afrontar este problema de escasez de cementerios y fosas en la Cd. de México, impulsó cambios en la Ley de Cementerios, para reducir el tiempo que un cuerpo puede estar en una tumba. También se alentó más la cremación de personas fallecidas.
Otras propuestas implementadas por el gobierno de la Cd. de México, para intentar resolver el déficit son:
- El rescate de espacios públicos para hacer cementerios.
- La utilización como cementerios, de los terrenos del sur de la ciudad, que hoy están utilizados como basureros.
- Maximizar al 100% el aprovechamiento de los cementerios actuales, tanto de la Cd. de México, como de los municipios conurbados.
- La expropiación por parte del gobierno de terrenos particulares para este uso.
Diversos especialistas en el tema consideran, que las medidas anteriores, son sólo de carácter emergente y que no podrán resolver a mediano y largo plazo, la crisis de la Cd. de México, ni de la Megalópolis, respecto a la falta de espacios para la inhumación de personas fallecidas.
Frente a este panorama de búsqueda e implementación de estrategias efectivas para afrontar de manera más sostenible, el mencionado déficit de cementerios, el municipio de Tlalnepantla sentó el pasado 1º. de agosto del presente año, un precedente muy interesante, que a continuación describimos.
Tlalnepantla es uno de los 125 municipios del Estado de México, está ubicado al noreste de la Zona Metropolitana del Valle de México, colindando con los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Atizapán de Zaragoza, así como a las delegaciones de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
Tiene una superficie de 83.7 km² y una población de 664,225 habitantes. Su tasa de crecimiento anual del 1.1%. Para el año 2030, se estima estará poblada por cerca de 800 mil personas. Está integrado por 19 pueblos, 86 colonias, 31 unidades habitacionales, 73 fraccionamientos y 16 fraccionamientos industriales. Se trata de un municipio fundamentalmente urbano (98%), industrial (2,700 empresas de 49 ramas industriales), comercial y de intenso aforo vehicular. Esto determina que sea una de las concentraciones de población (8,372 hab./km2) con el mayor problema de contaminación ambiental de la zona metropolitana. Su destacada potencia económica, lo ha convertido en uno de los municipios que más aportan al PIB de su estado y del país. Sin embargo, a la par de esta bonanza material, la presión de su población en cuanto a vivienda y servicios públicos es también muy intensa.
Uno de los rubros de estas demandas sociales, es precisamente la de espacios para inhumaciones.
Actualmente Tlalnepantla tiene 16 panteones, con 31mil tumbas, sin embargo solo 280 de ellas están disponibles, lo que es totalmente insuficiente para la demanda anual de 1200 fosas. Ante esta necesidad tan sentida por la población, Denisse Ugalde Alegría, presidenta municipal de Tlalnepantla, consiguió que el cabildo aprobara la adquisición a la empresa Jardines de Tlalnepantla S.A. de C.V., una propiedad de 50 mil m2, con un costo de 4 millones de pesos.
En este predio ubicado en un lugar conocido como Lomas del Calvario, se construirá un cementerio que se estima podrá resolver por los siguientes 20 años, la falta de tumbas. Se cuenta para ello con todos los permisos de uso de suelo, sanitarios y ambientales para iniciar y operar la obra.
Es de destacar que esta es la primera vez que el gobierno local del municipio, opta por resolver el déficit de cementerios y tumbas, mediante la compra de un terreno a particulares.
Sin duda, eso es una demostración de que sí hay estrategias para dar soluciones más duraderas al creciente déficit en México, de cementerios y tumbas. Lo realizado por Tlalnepantla es un ejemplo, no solo para otros municipios y delegaciones de la zona metropolitana del Valle de México, sino también para los del resto del país. Prueba que los gobiernos locales pueden tomar iniciativas eficaces para afrontar los problemas inherentes al crecimiento urbano.
